Manifiesto
Sobre la carbonera AES y el depósito de sus cenizas
tóxicas de carbón
A
final de la década de los ‘90, en Puerto Rico se realizaron vistas públicas donde
se discutió la Declaración de Impacto Ambiental de la entonces propuesta
construcción de la planta de carbón de AES en Guayama. Hoy día, hay personas que recuerdan
vívidamente a los niños que asistieron a aquella audiencia, con sus uniformes
de equipos de baloncesto y pelota, y con las letras AES en las espaldas. Veinte
años después, Víctor Rodríguez Aguirre, uno de los líderes deportivos del sector
Santa Ana en el barrio Jobos en Guayama, reconoce que el regar las cenizas de
carbón por las calles de su comunidad no fue lo que AES había prometido a
aquellos niños, ni a sus padres.
La
DIA, y el contrato original con la Autoridad de Energía Eléctrica y una decisión
del Tribunal Supremo de Puerto Rico estipularon que AES exportaría las cenizas
y residuos de combustión de carbón. A
casi 20 años de esa decisión judicial, que permitió la construcción de la
planta de carbón, las comunidades de Guayama, Salinas, Arroyo, Peñuelas y
Humacao, entre otras, sufren hoy las mentiras escritas en papeles por la empresa
y avalada por el gobierno y los tribunales.
Inicialmente, AES dispuso de sus cenizas enviándolas
a la República Dominicana. El efecto de la llegada de los desechos de la AES
fue catastrófico para los residentes de la zona: además de lesiones pulmonares
y cutáneas provocadas por el fino polvo de las cenizas se sumaron numerosos
defectos congénitos en recién nacidos, como falta de extremidades y abortos.
AES tuvo que dejar de llevar las cenizas a República Dominicana luego de
transigir una demanda del gobierno dominicano.
La
planta de carbón AES comenzó operaciones en 2002, y envió sobre 55,000
toneladas de cenizas a las comunidades de Arroyo Barril y Montecristi, en la
Republica Dominicana, entre el 2003 y 2004.
En
estudios realizados en la República Dominicana del 2004, el denominado rockash,
lo que aquí llaman Agremax fue declarado “tóxico por su clasificación, por su
contenido de metales pesados y contaminante por su ubicación y manejo”. Los jueces de la Suprema Corte de
Justicia de República Dominicana determinaron que el rockash, es “una basura
radioactiva o desecho industrial que degradó el medio ambiente de Samaná”.
Entre
el 2005 y el 2014, al no poder continuar enviando cenizas a Republica Dominicana,
y bajo el engaño de que sus cenizas eran un agregado y no un desperdicio, la
JCA le permitió a la AES descartar millones de toneladas de cenizas tóxicas sobre
suelo puertorriqueño, usándolas como relleno en urbanizaciones, centros
comerciales y otros.
En
el 2014, ante el señalamiento y presión constante de las comunidades afectadas
por el depósito indiscriminado de las cenizas de carbón contra las agencias
federales y estatales, la JCA restringió el uso y depósito dado hasta entonces
a las cenizas. Las cenizas fueron clasificadas como un desperdicio sólido no
peligroso que podrían ser depositados a los vertederos del país. Las agencias
gubernamentales se prestaron para resolverle el problema de disposición de
cenizas a la compañía privada AES.
Sólo
entre 2014 y 2015, la compañía AES envió 350,000 toneladas de cenizas al
vertedero de EC Waste en Humacao y 7,000 toneladas a Peñuelas. También en el 2014, la compañía EcoSystems
recibió ilegalmente cenizas de carbón en Peñuelas.
Es
importante aclarar que la toxicidad, peligrosidad y radioactividad de las
cenizas de carbón ha sido científicamente documentada en estudios hechos en
Puerto Rico, Estados Unidos y otros países. Por mencionar algunos estudios:
·
En el
2010 se tomaron muestras de las cenizas de carbón utilizadas en la Urb. Parque
Gabriela de Salinas y se enviaron a analizar en un laboratorio en Estados
Unidos. Además de las altas
concentraciones de metales pesados, el análisis demostró que las cenizas de
carbón excedían más de tres veces el criterio de concentración de la superficie
del suelo y los niveles aceptados por la propia Agencia Federal Ambiental EPA para
el particulado radioactivo. Luego de visitar varios de los proyectos donde se
descartaron cenizas de esta forma, la alta oficialidad de la EPA determinó que
el estilo utilizado no podía considerarse un uso beneficioso y que tal práctica
propiciaba “considerables preocupaciones ambientales”. Entre otras, la
potencial contaminación del Acuífero del Sur. Sin embargo, esta semana
escuchamos a la Directora de la EPA en
Puerto Rico, decir que no han identificado un “riesgo inminente” a la salud o al ambiente que
justifique la intervención de la dependencia en la comunidad.
·
Según
un estudio realizado por estudiantes del Programa de Maestría en Salud Pública
del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, las
comunidades cercanas a la planta AES en Guayama sufren de 6 a 9 veces mayor
frecuencia de enfermedades de la piel, del tracto respiratorio y abortos que en
otras comunidades comparables.
·
El
estudio del 2012, comisionado por la EPA a la Universidad de Vanderbilt, dice
claramente que el Agremax es una combinación hidratada de 80% cenizas volantes
(“fly ash”) y 20% cenizas pesadas (“bottom ash”). El estudio concluyó que el
Agremax tiende a lixiviar altas concentraciones de arsénico, boro, cloruro,
cromo y otros. Muchos de estos metales son tóxicos, cancerígenos y sus
concentraciones van desde 7 a 720 veces por encima de los criterios aceptables.
·
Un
estudio realizado por la Universidad de Duke en Carolina del Norte del 2015
concluye que los niveles de radioactividad en las cenizas de carbón analizadas
eran hasta cinco veces mayor que en suelo normal y hasta 10 veces más que el
carbón del cual procedía, por la forma en que la combustión concentra las
sustancias radioactivas.
·
En el 2016, se reveló un estudio de aire llevado a cabo
en la comunidad de Tallaboa en Peñuelas. Entre los hallazgos del estudio se
encontraron altas concentraciones de hierro y calcio, típicamente encontrados
en las cenizas de carbón. EC Waste y EcoSystems recibieron cenizas de carbón a
solo 2.25 km al norte del Barrio Tallaboa.
Por
otro lado, la carbonera AES, la AEE y el gobierno de Puerto Rico mantienen una
campaña de miedo, chantaje y mentiras; indicando que el cierre de la planta de
carbón crearía una crisis energética en el país, amenazando con apagones, y con
aumentos en el costo de electricidad.
En
Puerto Rico se genera más energía de la que se consume. A principios de febrero
del 2017, la AEE informaba que solo el 54% de la capacidad instalada de la
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), estaba disponible, ya que varias unidades
generatrices estaban fuera de servicio u operando de forma limitada por
roturas, mantenimiento o cumplimiento ambiental. De la capacidad instalada en
la AEE, solo se usa entre 77 y 82 por ciento.
La
carbonera AES amenaza con que la prohibición de depósito de cenizas en Puerto
Rico representaría un aumento en la factura de los abonados. Sin embargo,
mientras la AES exportaba las cenizas fuera del país, no hubo cambio alguno en el
costo de electricidad.
La
compañía AES mantiene un contrato con la AEE hasta el 2027. El cierre de la carbonera
podría resultar en ahorros millonarios en los costos de cuidado de salud de los
ciudadanos.
La Constitución de Puerto Rico reconoce como derecho
fundamental del ser humano el derecho a la vida y de eso se trata esta lucha.
Es por esto, que el pueblo
puertorriqueño se une en una sola voz para presentar los siguientes reclamos:
1. Exigimos a la AES que retire
de Puerto Rico inmediatamente las cenizas acumuladas ya que este es un asunto
operacional de la empresa, no un alegado asunto ambiental que debe atender el
pueblo de Puerto Rico. Apoyamos a la lucha, el derecho a la expresión pública y
los actos de desobediencia civil pacífica a favor de la salud y el ambiente de sus comunidades.
2. Reafirmamos nuestro rechazo al uso y depósito de
cenizas tóxicas y residuos de la combustión de carbón en cualquier parte de
Puerto Rico.
3. Exigimos del gobierno de Puerto Rico que
adopte como política pública la sustitución de la producción contaminante de
energía a base de carbón por fuentes de energía limpia, renovable y
sustentable, por lo que es imperativo eliminar la propuesta de renovar
el contrato a la empresa AES del Plan
Integrado de Recursos propuesto por la AEE.
4. Exigimos a la Policía de Puerto Rico que detenga el
uso de fondos públicos para proteger intereses de compañías privadas y de la
misma forma la movilización de efectivos para violar los derechos civiles de
los ciudadanos.
5. Exigimos a la Asamblea Legislativa y al Gobernador que
realice una investigación sobre la legalidad de la enmienda realizada por la
AEE al contrato con AES en el 2015. Así también se realice una investigación
sobre la violación a la Declaración de Impacto Ambiental de la planta de carbón
AES, y las Resoluciones de la Junta de Planificación y la decisión del Tribunal
Supremo.
6. Alertamos a la ciudadanía
que aún bajo la interpretación del
gobierno de la Ley 40, el depósito de cenizas que se realizó las pasadas
semanas, viola dicha Ley, por lo que exigimos la remoción de los desperdicios
de carbón depositados ilegalmente.
7. El proyecto del Senado 81 fue amañado y manipulado
mediante las enmiendas presentadas en último momento para favorecer la
intención de AES de continuar depositando cenizas en Puerto Rico. Las enmiendas
permitieron la introducción de términos ambiguos que se han mal interpretado y
tergiversados, por lo que exigimos a la Asamblea Legislativa y al Gobernador
que enmienden la Ley 40 de manera que reviertan las enmiendas y se proteja la
esencia original del proyecto, que prohíbe el deposito, uso y disposición de
las cenizas y residuos de combustión de carbon producto de la generación de
energía por AES en cualquier terreno de Puerto Rico.
El
pueblo ha dicho basta ya y exige que se haga verdadera justicia. Aquí hay un
pueblo que no da un paso atrás, que no se rinde y que estará firme en la
defensa de su salud, ambiente y calidad de vida y lucharemos hasta el fin en
contra de cualquier intención de contaminarnos con cenizas de carbón.
